La ciudadanía está exigiendo mayor participación, así como relaciones sociales basadas en el reconocimiento de derechos, los cuales deben aplicarse, diseñarse o evaluarse en la dimensión de una sociedad que garantice la equidad y la justa distribución de la riqueza.

Este objetivo requiere fortalecer la sociedad civil y ampliar su participación en la generación de políticas públicas que consideren la opinión organizada de la ciudadanía.

Esta serie de artículos tiene por objetivo entregar información detallada y comprensible acerca de los contenidos de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

La ley, publicada el 16 de febrero de 2011 en el Diario Oficial, fue tramitada desde el 2004 en el Congreso y es producto de un trabajo de largo plazo que amplios sectores de la sociedad civil  comenzaron a demandar a fines de los 90. El texto final fue aprobado unánimemente en las dos Cámaras.

Lentamente, Chile está construyendo una democracia más amplia, más participativa, e incluyente de los derechos ciudadanos. La ley 20.500 es una prueba de esos avances.

PRINCIPALES PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LA LEY

La ley 20.500 es una mezcla de conceptos, principios que se expresan en nuevas disposiciones legales y reformas de leyes ya existentes, adecuadas a la nueva realidad del país.

En ese sentido, introduce nuevas definiciones y principios que profundizan el derecho a un asocianismo más moderno, y establece modificaciones importantes de leyes que regulan el funcionamiento de la institucionalidad pública y municipal. La ley moderniza las formas y los contenidos, haciendo más fáciles, eficientes las normas legales que regulan el funcionamiento de las organizaciones sociales.

En su parte inicial, la ley consagra el derecho de toda persona para asociarse libremente en la consecución de un interés o finalidad lícita, y a que se respete la diversidad de intereses sociales e identidades culturales, ampliando y haciéndolo independiente de la voluntad administrativa del Estado.

Se establece que es deber del Estado promover el asociacionismo, garantizar su plena autonomía, fomentar su establecimiento, asegurar su acceso a recursos públicos sobre la base de criterios técnicos objetivos y de plena transparencia.

La ley incorpora procedimientos y tipos de relaciones con las autoridades que ponen en primer lugar los intereses de las personas que quieran organizarse. Como complemento del derecho a asociación, se asegura que el Estado reconoce a las personas el derecho a participar en sus políticas, planes, programas y acciones.

Asi, el Estado y sus órganos administrativos están obligados a establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia. Con esto, todas las instituciones públicas que dependen del Poder Ejecutivo están obligadas a señalar de qué forma, cómo y cuándo establecerán los mecanismos de participación ciudadana exigidas por la ley.

Las organizaciones sociales son de Interés Público

Para facilitar el proceso de constitución y de implementación de la organización social, la ley establece nuevas y reforma otras normas, que facilitan el proceso de otorgamiento de la personalidad jurídica de las Asociaciones que se constituyan.

Para los efectos de tener un sistema que permita conocer y hacer pública la existencia de las organizaciones sociales, la ley constituye un sistema centralizado y profesionalizado llamado Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, el cual queda radicado en el Servicio del Registro Civil e Identificación.

Con la ley, las organizaciones sociales pueden optar a tener la categoria de  Organizaciones de Interés Público – OIP, lo que es un reconocimiento legal y político a la finalidad de interés general propio de las organizaciones sociales. Así, lo público no es monopolio exclusivo de los poderes del estado que lo ejercen. La ley reconoce explicitamente que las organizaciones sociales forman parte del espacio público.

Se establece por ley la existencia del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, detallando la composición y las atribuciones del Consejo Nacional y los Consejos Regionales, los cuales están compuestos por representantes de organismos públicos y de sociedad civil, siendo estos útimos quienes presiden y tienen mayoria en los respectivos directorios. Como parte de este Fondo se estblece la creación de un Catastro de OIP.

Las organizaciones de voluntariado son reconocidas explicitamente como tales. Se declara que ellas son de Interés Público, estableciendo y reconociendo los derechos y deberes de los voluntarios y voluntarias.

La ley modifica la ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demas Organizaciones Comunitarias permitiendo que las Uniones Comunales puedan agruparse como federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional.

Asimismo se reconoce que las asociaciones, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil en general también pueden constituirse en uniones, federaciones, y éstas en confederaciones.

A nivel de Municipalidades se crea el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, instancia que desde una perspectiva ciudadana acompañará y participará de las tomas de decisiones que quieran adoptar Alcaldes y Concejos Municipales.

Colaboración de Juan Carlos Zanzi, Círculo de Políticas Participativas.

(Foto de vuelodemariposas)



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