Dentro del actual proyecto de Reforma Tributaria hay medidas que pueden profundizar aún más el problema de la segregación escolar y pueden poner en riesgo la Educación Pública.

El proyecto de ley actual contempla dos propuestas que, a juicio de nuestro movimiento ciudadano, pueden resultar regresivas.

1.- Descuentos tributarios

El número total de contribuyentes es de 8.2 millones. De ellos, sólo el 20% gana más de 500.000 y, por lo tanto, paga impuesto a la renta (SII). Según el actual proyecto de ley de Reforma Tributaria, a estos contribuyentes se les descontará dinero por el pago de la educación de sus hijos. Para los 6,6 millones restantes de contribuyentes, esta medida no aplica.

En Educación 2020 consideramos que esta medida es regresiva porque aumenta los recursos educativos a los estudiantes de familias de mayores recursos.

Esto es un incentivo para que proveedores de educación aumenten sus aranceles y contribuyan a la segregación con “colegios guetos” que agrupan y separan a  hijos del 20% más rico del país de los hijos del 80% restante.

Podría acelerar caída de la matrícula municipal. Hay 330.595 familias potencialmente beneficiadas. De ellas, un 37% envía sus hijos al sector municipal. Estas familias tendrán incentivo para moverse al sector particular subvencionado.

En Educación 2020 creemos que no habrá integración mientras las escuelas -el espacio por excelencia donde aprendemos a convivir- separen a los futuros ciudadanos según lo que pueden pagar.

2.- Subvención del tercer quintil

El Tercer Quintil tiene baja capacidad de aportar recursos vía Financiamiento Compartido y no recibe Subvención Escolar Preferencial (SEP). Este proyecto propone una subvención para 700 mil alumnos del Tercer Quintil, por un monto de $10.000 al mes.

¿Qué tipo se subvención es esta? ¿Es una extensión de la SEP o un apoyo del Estado para que los apoderados paguen el Financiamiento Compartido de los establecimientos?

Según el Gobierno, el costo de estas dos medidas es de US$ 294 millones (US$ 116 millones en descuento tributario y US$ 174 en subvención al Tercer Quintil). Lo que sorprende es que hacer desaparecer el Financiamiento Compartido cuesta alrededor de US$ 450 millones y tiene además el gran beneficio, a diferencia de estas medidas, de reducir la desigualdad en el gasto educativo, disminuir segregación y no perjudicar a la Educación Pública.

Además, reducir el Financiamiento Compartido también beneficia al mismo grupo de estudiantes que se busca beneficiar con estas medidas. Si se trata de entregar más recursos a educación, el debate no es sólo sobre los montos, los mecanismos son de gran relevancia.

Educación 2020 propone no hacer estos descuentos y destinar estos mismos recursos a la eliminación del Financiamiento Compartido, aumentando los recursos que llegan a los establecimientos.

Fuente: Educación 2020.



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